Actuación de funcionarios venezolanos refleja alarmante discriminación contra personas trans
Diane Rodríguez y Fernando Machado deberían poder decir hoy que están casados, pero debido a la discriminación por parte de funcionarios públicos en Venezuela, siguen siendo solteros y con un bebé en camino.
Hablamos de una pareja trans (Fernando, trans masculino; Diane, trans femenina), que vino a Venezuela —país natal de Fernando— con el deseo de contraer matrimonio, el cual no debía suponer ningún problema legal en el país al tratarse de una unión heterosexual. Sin embargo, la discriminación que sigue marcando la vida de los miembros de la comunidad trans no escapó a ellos. El bebé que espera la pareja tiene 6 meses de gestación. Quien lo lleva en su vientre es su padre, Fernando.
Diane, ecuatoriana, explicó en una entrevista que el proceso inició en febrero, cuando la madre de Fernando introdujo los documentos de ambos en la oficina de Matrimonios Civiles. Los papeles fueron aceptados y la pareja debía presentarse el 22 de febrero para consignar papeles y la fecha que les dieron para el matrimonio fue 02 de marzo.
Llegaron a Venezuela y el 22 fueron al Registro Civil de Naguanagua a consignar sus documentos. Pero la abogada encargada, Dayana Rodulfo, apareció en la sala y mirándolos preguntó: «“¿Ustedes son los que se van a casar?”, a lo que respondimos afirmativamente. Entonces ella nos dijo “¡Déjenme decirles que yo no voy a poder casarlos!”, cosa que me rompió el corazón».
Diane, quien es presidenta de la ONG Silueta X, que se encarga de luchar por los derechos de las personas trans en Ecuador, denuncia que de ahí en adelante la abogada empezó a pedir requisitos que «no se lo piden a otras parejas de distinto género y que no tienen una apariencia contraria a su sexo de nacimiento o que tengan rasgos de transexualidad».
En la cédula de ciudadanía de Diane aparece su nombre femenino, ya que desde el 2009 el país sudamericano permite el cambio de nombre como medida de protección a la identidad trans. No obstante en este y todos sus documentos legales, consta que su sexo es masculino. Por su parte, Fernando no ha podido cambiar su nombre, ya que en Venezuela aún no existe esa posibilidad, y en sus documentos consta que su sexo es femenino.
Lo que más ha indignado a la pareja es el trato que recibieron tanto de la abogada del Registro Civil de Naguanagua como de un funcionario de la Defensoría del Pueblo de Valencia, ante quien se presentaron para denunciar la violación a sus derechos y quien en reiteradas ocasiones se rio de la transexualidad de ambos y apoyó la moción de la abogada Rodulfo de que no podían casarse bajo esas «condiciones», razón por la cual abandonaron el intento de colocar la denuncia.
Lastimosamente, la actuación de ambos funcionarios del Estado no es novedosa y se podría decir que es común. «Representantes del distintas organizaciones venezolanas que defienden los derechos de la comunidad LGBTI denuncian que el grado de discriminación más importante hacia las personas trans no viene de los ciudadanos, más bien deriva con mayor fuerza de funcionarios de seguridad del Estado (policías y militares) que hacen uso de la fuerza y de su autoridad para atropellar sus derechos humanos».
Por eso, una de las cosas que Diane exige es que todas aquellas personas que se desempeñan en cargos públicos prestando servicios que el Estado brinda al ciudadano deben estar capacitados para tratar con todo tipo de personas, de todo género, «sean afrodescendientes, personas con discapacidad, miembros de la comunidad LGBTI, hombres, mujeres, personas trans, quien sea. Deben contar con la capacidad de poder interactuar y ayudar a otro tipo de población, sobre todo a aquellas que históricamente han sido discriminadas. Si una persona no está preparada para ello, no sirve para estar en un cargo público».
«Nosotros hemos sido discriminados. No hay que darle vueltas al asunto. Porque si viene cualquier persona heterosexual a casarse y no ven que tiene una identidad de género distinta, es decir, cada uno va con su rol de género adoptado, como lo demanda la sociedad, entonces no los habrían discriminados. Pero en cambio a nosotros sí nos discriminaron porque yo, biológicamente varón, no me veo masculino sino femenina, y Fernando, biológicamente mujer, se ve masculino».
Este tipo de discriminaciones constituyen serias barreras en el desarrollo de la vida de las personas. Los miembros de la comunidad LGBTI sufren constantes actos discriminatorios y distintas formas de violencia, tanto físicas como psicológicas. Las mujeres trans son las más vulnerables, por cuanto son identificables, por ello tienen que dedicarse —en el ámbito laboral—, en su mayoría, a trabajos informales, artesanía y muchas veces a la prostitución. A las personas trans se les niega muchas veces el acceso a sistemas de educación, salud, ciudadanía, empleo, etc.
Las autoridades venezolanas deben velar por el respeto de los derechos de todas las personas, sin distinción de sexo, orientación sexual ni identidad de género. Diane comentó: «Todo lo que circunde la población trans se convierte en un acto de discriminación»; está en manos del Estado cambiar sus leyes para que entonces la sociedad pueda cambiar su comportamiento discriminante hacia las comunidades más vulnerables.
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